Global Education Monitoring Report

Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2 Resumen

Los actores no estatales en la educación: ¿Quién elige? ¿Quién pierde?

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Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021/2

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MENSAJES PRINCIPALES

  • No hay ninguna parte de la educación en la que no participen los actores no estatales.
    En pocas palabras, sin los actores no estatales, la educación de 350 millones de niños y niñas más estaría bajo la responsabilidad del Estado. Pero la participación no estatal también afecta a los libros de texto que utilizan, a la comida de sus comedores, al apoyo adicional que reciben, a las habilidades que aprenden y a mucho más.
  • La mayoría de las personas apoya la educación pública.
    En 34 países de ingresos medianos y altos, 3 de 4 personas preferirían un mayor gasto público en educación, y el apoyo aumenta cuanto más desigual es el país. Casi 9 de cada 10 piensan que la educación debería ser principalmente pública.
  • Sin embargo, este apoyo se ha ido reduciendo gradualmente en varios países de ingresos bajos y medianos.
    Allí donde las escuelas públicas escasean y su calidad se ha deteriorado, muchas familias han decidido prescindir de sus servicios. La proporción de centros privados en todo el mundo aumentó 7 puntos porcentuales en unos diez años: hasta el 17% en 2013 en primaria y hasta el 26% en 2014 en secundaria. Desde entonces se ha mantenido más o menos constante. En Asia Central y Meridional, el porcentaje de matriculación privada es del 36% en primaria y del 48% en secundaria.
  • La educación pública no es gratuita.
    Las familias representan el 30% del gasto total en educación a nivel mundial y el 39% en los países de ingresos bajos y medianos bajos. Una parte se debe a que las familias más ricas intentan dar a sus hijos e hijas una ventaja competitiva. Pero una gran parte se gasta en la educación preescolar, primaria y secundaria que los gobiernos se comprometieron a proporcionar gratuitamente. Alrededor del 8% de las familias piden préstamos para pagar la educación, cifra que se eleva al 12% en los países de bajos ingresos y al 30% o más en Haití, Kenya, Filipinas y Uganda.
  • La educación pública no suele ser inclusiva.
    Muchos sistemas educativos públicos no consiguen evitar la estratificación y la segregación. Un índice de diversidad social en las escuelas, basado en los datos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, encontró que la Argentina, el Brasil, Chile y México tenían altos niveles de estratificación similares en 2018, aunque solo Chile tiende a ser criticado por la alta proporción de instituciones privadas en su sistema.
  • Ningún tipo de proveedor presta servicios educativos de mayor calidad que el resto.
    Los datos de 30 países de ingresos bajos y medianos muestran que, una vez que se tienen en cuenta las características de los hogares, la ventaja aparente por asistir a una escuela privada se reduce entre la mitad y dos tercios. En una muestra de 49 países, los más ricos tienen casi diez veces más probabilidades de ir a la escuela privada que los pobres. Y las familias que pueden elegir las escuelas lo hacen por sus creencias religiosas, la conveniencia y las características demográficas del alumnado, más que por la calidad, sobre la que rara vez tienen suficiente información.
  • La capacidad de regulación, control y aplicación de la ley tiende a ser escasa allí donde la necesidad es alta.
    El análisis de 211 sistemas educativos para el sitio web de PEER muestra que la normativa tiende a centrarse en el registro, la aprobación o la concesión de licencias (98%); la certificación docente (93%); la infraestructura (80%), y la proporción de alumnado por docente (74%). Las normativas suelen centrarse menos en la calidad o la equidad: el 67% regula la fijación de tarifas, el 55% tiene por objetivo evitar que las escuelas no estatales adopten procedimientos selectivos de admisión de estudiantes, el 27% prohíbe la obtención de beneficios y solo el 7% tiene cuotas que apoyan el acceso de los grupos desfavorecidos. Las clases particulares no están reguladas en el 48% de los países, y solo en el 11% está regulada en la legislación mercantil.
  • Los actores no estatales están incluso más presentes en la educación en la primera infancia, técnica, terciaria y de personas adultas.
    A veces, esto va en detrimento de la equidad y la calidad. Por lo general, los costos de la educación no estatal terciaria y en la primera infancia son mayores, lo que desemboca en una representación excesiva de las élites urbanas en estas instituciones. En los Estados Unidos, la presencia de universidades que tienen por objetivo principal la maximización de los beneficios se ha relacionado con un peores resultados del estudiantado. Se han dado casos de instituciones que proporcionan formación privada mediante sistemas de desarrollo de aptitudes o la competencia del mercado, como el programa de préstamos TVET FEE-HELP de Australia y la iniciativa National Skill Development Corporation de la India, que se han visto obligadas a replantearse sus procesos de rendición de cuentas y seguimiento a fin de aumentar la calidad de la prestación de servicios privados y mejorar los resultados en términos de empleabilidad.
  • Los gobiernos deben considerar a todas las instituciones educativas, al estudiantado y al personal docente como parte de un único sistema.
    Las normas, la información, los incentivos y la rendición de cuentas deben ayudar a los gobiernos a proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación de todas las personas y deben evitar que aparten la vista de las bolsas de privilegio o explotación. La educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser pública, pero la disparidad en los procesos educativos, en los resultados del alumnado y en las condiciones de trabajo del personal docente debe abordarse directamente. La eficiencia y la innovación no deben ser un secreto comercial, sino que todo el  mundo ha de difundirlas y practicarlas. Para lograrlo, es necesario mantener la transparencia y la integridad en el proceso de las políticas públicas de educación.

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